Ejecución de laudos arbitrales en el Perú

El motivo que genera la redacción de este artículo, trata sobre una de las principales incógnitas que surgen a raíz de la efectividad del resultado o producto del procedimiento arbitral, que no es sino el Laudo que se obtiene del proceso cognitivo y valoraciones de pruebas efectuadas por el Árbitro Único, o Tribunal Arbitral a cargo de resolver la controversia.

La Constitución Política del Perú en su artículo 139º, numeral 1, reconoce, además de la jurisdicción arbitral, que pese a tener impedimentos legales para poder hacer uso de la coercitividad para ejecutar y hacer cumplir sus resoluciones y laudos que emita; los árbitros llegan hasta donde alcanza la voluntad de las partes, ya que sólo el juez tiene la competencia de forzar a alguien, si fuera necesario, en forma coactiva, a cumplir lo establecido en la sentencia.

El interesado para ejecutar un laudo arbitral, debe:

  1. Presentar una demanda sustentada y firmada por un abogado con sus medios probatorios, cumpliendo los requisitos exigidos para toda demanda que se encuentran establecidos en el Artículo 424º y 425º del Código Procesal Civil;
  2. Acompañar copia del convenio arbitral, del laudo arbitral o la sentencia judicial que resuelve la anulación del laudo arbitral.
  3. Por último, debe tener en cuenta, pese a que no se encuentra implícitamente precisado en la Ley de Arbitraje, la resolución del árbitro o Tribunal que da por consentido el laudo arbitral.

Podemos apreciar que la Ley de Arbitraje ha establecido de manera muy escueta sus propias normas procedimentales, en consecuencia se debe recurrir a las normas del Código Procesal Civil, entre ellas, al juez le compete la ejecución forzosa del laudo, es el sub especializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del Arbitraje (sede arbitral) o del lugar donde el laudo deba de producir su eficacia (artículo 8º, numeral 6 de la Ley de Arbitraje), lo que dista de lo establecido en el artículo 690º-B del Código Adjetivo.

Por último, el artículo 8º de la Ley de Arbitraje (norma especial), establece que la parte ejecutada únicamente puede oponerse, mas no contradecir el mandato ejecutivo; resalta que ambas figuras son totalmente distintas, a tal punto que el hecho de contradecir el mandato ejecutivo no puede convalidarse como oposición; siendo las únicas causas de oposición las siguientes:

  • Acreditar con documentos el cumplimiento de la obligación.
  • La suspensión de la ejecución conforme al artículo 66º de la Ley de Arbitraje, aún más, esta misma norma establece que la autoridad judicial está prohibida, bajo responsabilidad, de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo.

En esa línea, es preciso señalar que la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, a través de su Centro de Arbitraje, no ha tenido ningún proceso arbitral institucional cuestionado en la vía judicial, muy por el contrario, nuestros usuarios en general, personas naturales, jurídicas de derecho privado y público, perciben con claridad la diferencia de acudir a un juzgado, demostrando una operatividad funcional amable, rápida y eficiente en los procesos tramitados y concluidos.

Redactado por Gino Paul Silva Laos
Secretario General del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

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